El Instituto Nacional Electoral (INE) alista sanciones económicas contra 118 personas electas en cargos del Poder Judicial de la Federación, entre ellas nueve integrantes futuros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber recibido beneficios indebidos durante la jornada electoral interna celebrada en junio. El uso de "acordeones" —materiales impresos o digitales con perfiles sugeridos para orientar el voto— es considerado una ventaja ilegal que vulneró la equidad de la contienda.
De acuerdo con el proyecto de resolución que será discutido este lunes por el Consejo General del INE, las multas van desde los 27 mil hasta los 146 mil pesos, aunque no contemplan la remoción de los cargos obtenidos. El criterio principal de sanción es la aparición de los nombres de los aspirantes beneficiados en guías de votación ampliamente distribuidas antes y durante la elección.
En el caso de la SCJN, el magistrado electo Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente del alto tribunal, recibiría una multa de 39 mil 712 pesos, mientras que la ministra Loretta Ortiz enfrenta la sanción más alta dentro de este grupo: 127 mil 508 pesos. También se contemplan multas para Yasmín Esquivel (95 mil 490 pesos), Lenia Batres (44 mil 690), María Estela Ríos (62 mil 905), Arístides Rodrigo Guerrero (40 mil 277), Giovanni Azael Figueroa (47 mil 179), Irving Espinosa (39 mil 599) y Sara Irene Herrerías (69 mil 15).
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial —creado para sustituir al Consejo de la Judicatura— también será objeto de sanciones. La futura titular de ese órgano, Celia Maya, enfrenta la multa más elevada de todo el proceso: 146 mil 884 pesos. Otros magistrados sancionados serán Bernardo Bátiz (133 mil 884), Eva Verónica de Gyves (146 mil 632), Rufino H. León (39 mil 33) e Indira Isabel García (27 mil 379).
El expediente sancionador incluye evidencia documental sobre la existencia y difusión de los acordeones, tanto en formato impreso como a través de cinco sitios web, entre ellos el de "Juristas por la Transformación", que promovieron públicamente listas de votación con nombres específicos. La Comisión de Fiscalización del INE determinó que dichos materiales representan una aportación prohibida, ya que influyeron de manera directa en el resultado electoral. Por tanto, se impusieron sanciones equivalentes al 10 % del tope de gastos de campaña aplicable.
La individualización de las multas tomó en cuenta la capacidad económica de cada persona sancionada, así como el nivel de exposición pública que tuvo su candidatura. En algunos casos menores, la sanción propuesta se limita a una amonestación pública.
Este procedimiento deriva de diversas denuncias por uso indebido de recursos públicos en favor de candidaturas presuntamente vinculadas a Morena. No obstante, tras la revisión del caso, el INE concluyó que no existen pruebas suficientes para sancionar al partido guinda ni a sus aliados, PT y PVEM, por su supuesta participación en la financiación o distribución de los materiales propagandísticos.
Fuente: La Jornada