México
Pese a las modificaciones anunciadas por el Gobierno Federal a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los partidos de oposición consideran que los ajustes son insuficientes y que la propuesta continúa representando riesgos serios para la libertad de expresión, la autonomía del sector y la protección de datos personales.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve, expresó que los cambios revelados por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, no atienden los elementos sustanciales que preocupan a la oposición.
“Eliminar el artículo 109 es positivo, pero ignoran otras disposiciones igualmente preocupantes, como el artículo 8, fracción 62, que faculta a la agencia a suspender transmisiones. Es una reforma cosmética; el riesgo de control estatal sobre los medios persiste”, advirtió Añorve.
Asimismo, el legislador priísta señaló que la inclusión de radios comunitarias bajo el argumento de “concesiones con sentido social” desconoce que dichas emisoras ya operan con marcos jurídicos existentes. Además, subrayó que varios elementos de la iniciativa contradicen compromisos adquiridos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente en lo relativo a la libre competencia y la regulación independiente del espectro radioeléctrico.
Por su parte, la senadora Carolina Viggiano adelantó que su bancada trabaja en una iniciativa alterna de ley que, a diferencia de la presidencial, no recurra a cambios parciales sino a una reformulación integral del marco regulatorio en materia de telecomunicaciones.
En la misma línea crítica, el coordinador de senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó como limitados los avances expuestos por el Ejecutivo y sostuvo que, aunque se retiren algunos artículos controversiales, la estructura del proyecto aún permite formas de censura y concentración de funciones.
Entre los aspectos positivos, Anaya reconoció la eliminación de los artículos 109, 201 y 202, que habrían permitido al Estado bloquear plataformas digitales y censurar noticieros internacionales. También destacó el retroceso en los artículos 56, 57 y 58, que proponían otorgar espectro directamente a dependencias gubernamentales, en contravención del capítulo 18 del T-MEC.
Sin embargo, el panista criticó la creación de un órgano regulador dentro de la ATDT cuyos integrantes serían propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. “No basta con mover estructuras internas. Exigimos un órgano constitucional autónomo que garantice la imparcialidad, con participación de instituciones como el Banco de México o el Inegi en los nombramientos”, puntualizó.
Anaya también advirtió que la fracción 64 del artículo 8, que plantea la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, contraviene un fallo de inconstitucionalidad emitido en 2022 por la Suprema Corte. A su juicio, la reforma continúa vulnerando derechos fundamentales y no cumple con los estándares internacionales de regulación independiente.
Tanto el PRI como el PAN confirmaron que están desarrollando iniciativas propias que respondan a los principios de transparencia, competencia justa y respeto a los derechos digitales. Aunque los legisladores de ambas fuerzas coincidieron en que es posible corregir de fondo la iniciativa del Ejecutivo, también dejaron abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno Federal presente una nueva propuesta que parta desde cero.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se mantiene como un tema de alta sensibilidad en la agenda legislativa y diplomática, en tanto que su diseño puede tener impactos significativos tanto en el ecosistema de medios como en los compromisos internacionales del país.
Fuente: La Jornada