Internacional
Por un solo voto de diferencia, el presidente argentino, Javier Milei, se anotó un tanto a su favor después de que el Senado de la nación sacase adelante su ley de desguace del Estado, su Ley de Bases, en una jornada marcada por las protestas sociales y los altercados en las puertas de la Cámara Alta argentina.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, logró desempatar la votación inicial de la iniciativa, que culminó finalmente con 37 votos a favor y 36 en contra. Un proyecto que permitirá desregularizar la economía, impulsar privatizaciones de empresas públicas, flexibilización laboral, así como promover beneficios fiscales a los grandes inversores. Para este decreto, hubo muchas concesiones por parte del actual gobierno para que fuese aprobado. La ley deberá volver a Diputados para ser convalidada.
Conocida anteriormente como ley ómnibus, el Gobierno recortó 441 artículos de la anterior reforma estrella propuesta por Milei. En materia laboral, permitirá flexibilizar los contratos de trabajo, extendiendo el período de prueba de tres meses a un año. También contempla el reemplazo de la indemnización, por un fondo de cese laboral deducible del salario mensual. Por último, las pymes argentinas podrán emplear hasta cinco trabajadores bajo la modalidad del monotributo.
Privatización de empresas públicas
De las 41 empresas vendibles que contemplaba la anterior Ley Ómnibus, solo ocho pasarán a manos privadas. Estas son Energía Argentina SA, Intercargo, Aguas Argentinas, Sociedad Operadora Ferroviaria, tren Belgrano Cargas, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina SA, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Seguirán en manos del Estado compañías como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina, después de las cesiones del Ejecutivo, incluidas en un inicio en la ley ómnibus en el elenco de compañías que serán privatizadas.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)
El Gobierno también aceptó modificaciones en el RIGI, que se delimitará para sectores como infraestructura, minería, energía y tecnología. Se trata de un régimen que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años. Según establece el artículo 162 de la nueva Ley de Bases, también provee de seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos.
Dicho régimen, establecido para atrar proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y también capital extranjero, ha despertado críticas. Excluye a pequeñas y medianas empresas, dado que el techo de inversión mínimo es de 200 millones de dólares) y por la posible competencia desleal que pueda generar. Con el RIGI, será cero el impuesto al derecho a la exportación del cobre, litio, oro o gas.
Fuente: AS