Diputados ajustan Ley General de Aguas con 50 cambios clave
La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados cerró la revisión del dictamen de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, incorporando 50 ajustes a la iniciativa presidencial. Las modificaciones buscan acotar criterios penales, precisar conductas sancionables y evitar afectaciones a actividades agropecuarias de subsistencia.
Entre los cambios centrales se redefinió el criterio de dolo como base para sancionar el robo del agua. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, detalló que el artículo 123 Bis 3 especifica que las penas deberán ser proporcionales al volumen extraído de manera ilegal. “A mayor cantidad de agua, mayor será la sanción”, señaló.
El dictamen establece que quien traslade dolosamente aguas nacionales con fines de lucro, sabiendo que fueron obtenidas de manera ilegal, enfrentará penas de tres meses de prisión y multas de 100 a 200 UMA cuando el volumen sea menor a 50 mil litros. Si la cantidad es igual o superior a ese umbral, la penalidad aumenta a seis meses de prisión y multas de 150 a 250 UMA.
La comisión argumentó que esta reestructuración brinda mayor claridad al tipo penal, evita ambigüedades en su aplicación y garantiza proporcionalidad en las sanciones.
En el artículo 123 Bis, se ajustó la propuesta inicial —que planteaba de dos a 10 años de prisión— y se definió un rango de tres meses a cinco años de cárcel y multas de 200 a 250 UMA para quienes alteren, desvíen u obstruyan cauces o corrientes de aguas nacionales sin autorización y provoquen afectaciones directas al sistema hidráulico o riesgos para personas, bienes o ecosistemas.
Sin embargo, se exceptúa a quienes realicen estas actividades para uso personal, doméstico o agropecuario familiar, con el argumento de evitar criminalizar prácticas de subsistencia. “No buscamos criminalizar indebidamente, sino atender casos graves”, subrayó Monreal.
En paralelo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), sostuvo una reunión con representantes agrícolas, distritos de riego, uniones ganaderas y prestadores de servicios hídricos de 10 estados, quienes entregaron un nuevo paquete de propuestas. La legisladora pidió apertura de las bancadas para integrar ajustes adicionales durante la discusión en comisiones y en el pleno.
Fuente: La Jornada