Rocío Nahle minimiza hechos violentos y niega fallas en la seguridad de Veracruz
VeracruzPese a los recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García negó que exista un fallo en la estrategia de seguridad del estado, al tiempo que minimizó detonaciones de arma de fuego ocurridas en las inmediaciones del domicilio del alcalde de Banderilla, Antonio Sangabriel Fernández.
Aunque reconoció que hubo disparos, la mandataria subrayó que estos ocurrieron “afuera” del inmueble, argumento con el que evitó reconocer el impacto del hecho, mientras la Fiscalía General del Estado apenas inició la revisión de cámaras y diligencias básicas.
En el mismo discurso, Nahle García descalificó las declaraciones del alcalde de Coatzintla, quien habló de un presunto “toque de queda”, asegurando que el municipio no presenta altos índices delictivos. Sin embargo, admitió que en regiones cercanas como Tihuatlán la incidencia es mayor, lo que contradice el mensaje de control y estabilidad que sostiene el gobierno estatal.
La gobernadora también confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el ataque armado contra la palapa-restaurante El Calamar, en Coatzacoalcos, un establecimiento que —reconoció— ya había registrado incidentes previos, sin detallar avances ni responsables detenidos.
En materia de salud, informó que existen 13 casos confirmados de sarampión, aunque aseguró que no se han registrado defunciones. Reconoció que fue necesario solicitar un millón de vacunas adicionales, lo que evidenció la reacción tardía ante el brote.
Sobre el transporte público, Nahle rechazó cualquier conflicto con concesionarios, pese a confirmar que 102 unidades deben salir de circulación por encontrarse en malas condiciones. A la par, defendió la inversión de casi mil millones de pesos en nuevas unidades para los sistemas Ulúa y Quetzalli, ahora operados por el gobierno estatal, tras la ruptura de acuerdos con particulares.
Finalmente, anunció investigaciones por presuntas irregularidades en el Registro Público de la Propiedad en Xalapa, incluyendo el uso de trabajadores sin contrato y pagos externos, y reconoció problemas administrativos en la UPAV, donde docentes mantienen quejas por falta de pago, situación que su administración aún no logra regularizar.