Oposición endurece postura contra la reforma electoral federal: advierten riesgos para la democracia
Nuevo León
La propuesta de reforma electoral federal presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intensificó las tensiones políticas entre el Ejecutivo federal y la oposición legislativa, que advierte de un impacto negativo en la representación plural y la competitividad democrática del país.
Líderes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros grupos opositores anunciaron que no respaldarán la iniciativa en el Congreso de la Unión. Según sus coordinadores, el proyecto —anunciado a fines de febrero— no incluye mecanismos eficaces para enfrentar el financiamiento ilegal ni salvaguardar la independencia de las autoridades electorales, lo que a su juicio podría debilitar la democracia mexicana.
El diputado Rubén Moreira (PRI) calificó la iniciativa como una acción que “dinamita la democracia y disminuye a la oposición”, y confirmó que su bancada no participará en la discusión ni votación de la reforma, al considerarla una “manzana envenenada” que prioriza intereses partidistas sobre la estabilidad institucional.
En el mismo sentido, el coordinador del PAN advirtió que no acompañarán una reforma que no contemple candados explícitos contra el financiamiento proveniente del crimen organizado, subrayando que sin esa salvaguarda no existe garantía de elecciones libres y justas.
Desde la bancada del Partido del Trabajo (PT) en Nuevo León, la diputada Guadalupe Rodríguez también expresó reservas sobre el proyecto, señalando que las propuestas surgen de “ideas no claras” y que —en su opinión— podrían poner en riesgo “la realidad del país”.
La discusión pública se intensifica en un contexto en el que los cambios planteados por la reforma implican ajustes profundos al sistema electoral, tales como la reducción del financiamiento público a partidos y autoridades electorales, la modificación de la fórmula de asignación de escaños y otros aspectos estructurales debatidos a nivel federal.
Hasta ahora no se contempla una fecha concreta para la votación en el pleno, pero el clima legislativo sugiere que será un proceso complejo y polarizado, con impacto potencial en la configuración de las elecciones de 2027 y en la percepción de la fortaleza democrática del país.