Fiscalía de NL esperará notificación formal de la Corte sobre traslado de la UIFE
Monterrey
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala el traslado de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el fiscal Javier Flores señaló que esperarán la notificación oficial para conocer los alcances de la determinación.
El pleno de la Corte resolvió el lunes que el Congreso local actuó dentro de sus atribuciones al aprobar, en junio de 2022, las reformas que modificaron la adscripción de la UIFE.
Al término de la Mesa de Seguridad este miércoles, Flores indicó que, mientras no se reciba la resolución formal, la unidad continúa operando con las facultades vigentes.
“Queremos esperar primeramente la resolución que nos notifique la Corte para ver los alcances. Actualmente se está funcionando con todas las facultades que se tiene”, declaró.
Sobre la designación del titular de la Unidad, el fiscal explicó que el nombramiento se realizará una vez que se conozcan con claridad las condiciones derivadas del fallo.
“La asignación del fiscal será en su momento, ya viendo las condiciones”, agregó.
Cuatro años de disputa legal
Después de cuatro años de controversias, la mayoría del máximo tribunal determinó que no existe inconstitucionalidad en el decreto 196, promovido por las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso estatal y posteriormente impugnado por el gobernador Samuel García.
El proyecto, elaborado por el ministro Arístides Guerrero, concluyó que el Congreso tiene facultades para definir las atribuciones de una nueva Fiscalía especializada en investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, sin invadir competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. No obstante, el órgano no podrá congelar cuentas.
El traslado de la UIFE generó una confrontación política en 2022, cuando PRI y PAN acusaron que la unidad —entonces adscrita a la Tesorería estatal— era utilizada como un mecanismo de presión contra actores de oposición.
El decreto aprobado por el Congreso permaneció sin publicarse durante meses por parte del Ejecutivo estatal, hasta que en febrero de 2024 la SCJN ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Una vez en vigor la reforma, el gobernador promovió una controversia constitucional, mientras que diputados de Movimiento Ciudadano, junto con legisladores de Morena, impulsaron una acción de inconstitucionalidad.