Proponen tipificar como delito el robo de agua potable en Nuevo León con penas de hasta 10 años de prisión
Ante el incremento de tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo “Únete Pueblo”, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal de agua potable, con sanciones que van de los 4 a los 10 años de prisión.
La propuesta busca combatir el llamado “aguachicoleo”, así como las más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana, prácticas que afectan el suministro, dañan la infraestructura hidráulica y pueden encarecer el servicio para los usuarios que cumplen con sus pagos.
La iniciativa plantea la creación del Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal del Estado, el cual sancionaría tres conductas específicas: la sustracción de agua de la red de distribución, la alteración de infraestructura hidráulica para su obtención y la realización de conexiones irregulares.
La reforma establece penas base de 4 a 8 años de prisión, las cuales se agravan en caso de que el agua sustraída se destine a la comercialización masiva mediante pipas o cisternas, elevándose de 6 a 10 años. Asimismo, contempla incrementos de hasta la mitad de la pena cuando las acciones ocasionen daños a la infraestructura que abastece a centros de población, y sanciones adicionales cuando participe un servidor público, incluyendo destitución e inhabilitación.
No obstante, la iniciativa incorpora un criterio de justicia social al diferenciar los casos de consumo doméstico. En situaciones donde la toma irregular sea por primera vez y destinada exclusivamente al consumo familiar, la sanción se reduce a entre seis meses y un año de prisión, priorizando acuerdos reparatorios y la regularización del servicio.
La diputada señaló que la propuesta se alinea con esfuerzos legislativos implementados en otras entidades, como el Estado de México, así como con iniciativas federales, y busca fortalecer el marco legal para proteger el acceso al agua potable como un derecho humano y un recurso estratégico para Nuevo León.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso local para respaldar la reforma, al considerar que garantizar la seguridad hídrica es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y atender la creciente escasez del recurso en la entidad.