Brasil
Han transcurrido casi dos meses desde que la ex primera dama peruana, Nadine Heredia, fue condenada por lavado de activos y obtuvo asilo político en Brasil. La decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de concederle protección ha desatado un fuerte debate político tanto en Perú como en Brasil.
En el contexto peruano, el otorgamiento del salvoconducto que permitió a Heredia salir hacia São Paulo bajo la administración de Dina Boluarte fue duramente cuestionado por diversos sectores. En Brasil, la oposición, liderada por figuras como el senador Sergio Moro —quien estuvo al frente de las investigaciones del caso Odebrecht— exigió aclaraciones al gobierno brasileño y al propio presidente Lula.
Pese a las críticas y presiones políticas, la situación legal se mantiene: mientras Ollanta Humala continúa privado de libertad en el penal de Barbadillo, su esposa permanece con libertad en suelo brasileño. No obstante, el futuro de Heredia dependerá en gran medida de las decisiones políticas del nuevo gobierno brasileño, pues Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de 2026.
En este escenario, uno de los aspirantes a la presidencia, Fernando Manholer, expresó públicamente su rechazo al asilo concedido a Heredia. En una entrevista concedida a Exitosa, Manholer cuestionó la legitimidad de la medida, argumentando que no representa los intereses de la ciudadanía brasileña.
“No comparto este tipo de posturas ni actitudes. No es algo beneficioso. El gobierno está tomando decisiones que los brasileños no podemos controlar, salvo con una opción: votar correctamente en 2026, porque estas acciones no son compatibles con la integridad del pueblo brasileño. No sé qué intereses hay detrás de esto”, señaló Manholer.
El empresario político también reconoció que Brasil, al igual que Perú, atraviesa una profunda polarización entre sectores de derecha e izquierda, pero subrayó que ambos lados han estado afectados por escándalos de corrupción, incluyendo a Lula da Silva y Jair Bolsonaro.
Respecto a las próximas elecciones, Manholer destacó el rol fundamental de las fuerzas políticas de centro, a las que definió como “la tercera vía”, encargadas de “limpiar el camino” y ofrecer una alternativa.
Por otra parte, la posibilidad de una extradición de Heredia a Perú se considera remota. Según el exministro de Relaciones Exteriores peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el principio de no devolución del derecho internacional protege a Heredia, impidiendo que Brasil la entregue a su país si existe un riesgo comprobado para su vida o integridad, ya sea por persecución política o amenazas.
Este principio internacional es clave en el caso, ya que la defensa de Heredia sostiene que las acusaciones en su contra podrían obedecer a motivaciones políticas y poner en peligro su seguridad personal.
A pesar del malestar político que genera su presencia en Brasil, Heredia podría permanecer en territorio brasileño hasta, al menos, la conclusión del mandato actual o la elección de un nuevo presidente en 2026.
En paralelo, el senador opositor Magno Malta, crítico del presidente Lula da Silva, advirtió que la exprimera dama estaría en riesgo y sugirió que podría contar con información sensible que comprometería al mandatario brasileño.
Finalmente, el canciller brasileño aclaró que Nadine Heredia deberá asumir los gastos derivados de su estancia en Brasil, lo que se suma al debate político y social sobre su situación. Mientras tanto, Ollanta Humala, a través de un comunicado, solicitó que cese lo que calificó como “persecución política” contra su familia y reiteró su rechazo a la condena en su contra.
Fuente: Infobae