En sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves ajustes a su presupuesto para cumplir con el recorte del 12.1% impuesto por la Cámara de Diputados. Las reducciones afectarán subsidios para trabajadores, pero los “privilegios” de ministros y altos funcionarios quedaron intactos, según informó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Durante más de tres horas de deliberación, se aprobó disminuir partidas presupuestarias como el subsidio al comedor para empleados, que pasará de un costo de 25 pesos por comida a más de 50 pesos, generando un ahorro estimado de 25.8 millones de pesos. También se eliminó un bono de fin de año para trabajadores operativos, ahorrando más de 158 millones de pesos, y se redujeron en 31% los espacios de estacionamiento.
Sin embargo, propuestas para eliminar ciertos beneficios de ministros y exministros no prosperaron. Entre los conceptos que se mantuvieron están:
El Seguro de Separación Individualizada, que representa un gasto de 204.9 millones de pesos.
Teléfonos celulares asignados a altos funcionarios, con un costo de casi 2 millones de pesos.
Camionetas blindadas asignadas para el uso cotidiano de los ministros.
Comidas fuera del comedor institucional y medicamentos no cubiertos por el seguro médico privado.
La ministra Batres propuso eliminar estos beneficios antes de afectar prestaciones para los trabajadores operativos. Sin embargo, solo contó con el respaldo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Además, durante la sesión se debatió la posibilidad de restituir el salario de los ministros al nivel de 2024, lo que implicaría revertir el recorte del 12% aprobado en noviembre pasado para el presupuesto de 2025. Aunque la propuesta fue rechazada, contó con el apoyo de los ministros Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa. En contra votaron Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
En un comunicado, la SCJN destacó que la reducción presupuestaria de 714.4 millones de pesos, autorizada por la Cámara de Diputados, es “el recorte más significativo de los últimos quince años”. Esto, señaló, afecta actividades programadas y proyectos institucionales, además de poner en riesgo el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección de los derechos de los trabajadores.
La sesión dejó en evidencia las tensiones internas entre quienes buscan mantener privilegios y quienes abogan por una redistribución más equitativa de los ajustes presupuestales.
Fuente: La Jornada