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Hasta el momento, 23 aspirantes a diversos cargos de elección popular, de los cuales 20 pertenecen a partidos de la oposición y tres a Morena, han solicitado protección para garantizar su seguridad durante las actividades proselitistas debido a los riesgos asociados con la situación de inseguridad en algunas regiones del país.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que entre los candidatos a los que se brinda protección se encuentran los tres aspirantes a la Presidencia de la República. Además, detalló que se han recibido tres solicitudes de candidatos a gobernador, siete aspirantes al Senado y diez a una diputación federal.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez presentó un informe preliminar sobre las medidas de seguridad para los candidatos que así lo soliciten durante el periodo electoral. Explicó que las solicitudes se evaluarán en tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto.
Hasta las 23:59 horas del 4 de marzo, se registraron 23 solicitudes de protección. De este total, en siete casos ya se ha otorgado la protección, y se están analizando 15 solicitudes adicionales. En ocho de estas, se brindará el servicio el mismo martes, mientras que se intentará contactar a los peticionarios en siete casos más.
Rodríguez subrayó que el gobierno federal, a través de las fuerzas de seguridad y secretarías correspondientes, proporcionará protección y seguridad para los candidatos a la Presidencia, las nueve gubernaturas en juego y el Congreso federal. Para los aspirantes a cargos locales, la responsabilidad recae en los gobiernos estatales y municipales.
La funcionaria enfatizó el compromiso del gobierno de México para garantizar que el proceso electoral de 2024 se lleve a cabo de manera pacífica y anunció un plan conjunto con el Instituto Federal Electoral (INE) para brindar seguridad a los candidatos. Señaló que las solicitudes se atenderán de manera inmediata y que se respetará la confidencialidad por razones de seguridad.
Fuente: La Jornada